- Los huelguistas exigen que el gobierno cumpla compromisos y advierten sobre el riesgo en la salud pública.
Los trabajadores de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de La Araucanía iniciaron una paralización en adhesión a un paro nacional, denunciando el incumplimiento de acuerdos y una serie de precariedades laborales que afectan su desempeño.
Entre sus principales demandas se encuentran el reconocimiento de metas cumplidas en 2024, la reducción de horas extras, problemas en la mesa de movilidad, fallas en las plataformas tecnológicas y demoras en los pagos a proveedores. A ello se suma la creciente preocupación por las agresiones a los funcionarios en el ejercicio de sus labores.
En conversación con UATV Noticias, la presidenta de la Asociación Gremial Afusa, María Eugenia Loncon, explicó que el problema radica en que, pese a haber cumplido la totalidad de los objetivos estipulados en el área, solo un 78% fue considerado por las autoridades sanitarias. “Pedimos que reconozcan nuestro trabajo. Nosotros tenemos que cumplir metas y todas nuestras metas están cumplidas y ellos no las reconocen, por falta de su eficiencia, porque ellos no hicieron bien su trabajo a nivel central, específicamente en la Subsecretaría de Salud Pública”, afirmó.
Por su parte, en diálogo con el mismo medio, Eduardo Ramírez, presidente de la asociación Agrefasa, apuntó directamente a la falta de compromiso gubernamental. “Hoy día los funcionarios se ven afectados en esta falta de reconocimiento, en esta falta de compromiso de parte del gobierno y pone en riesgo la salud pública a nivel nacional”, declaró.
La paralización se extenderá, al menos, hasta el viernes, día en que las autoridades sanitarias deberán responder a un proceso de apelación respecto del porcentaje de cumplimiento de metas. Según el resultado, los trabajadores evaluarán si continúan con la movilización o si la depongan. Mientras tanto, se han dispuesto turnos éticos para atender situaciones urgentes.
El gremio ha sido enfático en que su lucha no solo busca justicia laboral, sino también evitar un deterioro en la gestión sanitaria que pueda afectar a la comunidad.