- El persecutor explicó que cuatro personas mencionadas en el lienzo hallado tras el atentado armado en Pidima —reivindicado por la Resistencia Mapuche Malleco— fueron condenadas por delitos comunes como homicidio, asaltos y robos violentos, sin vínculo con temas políticas o territoriales.
La Fiscalía Regional de La Araucanía salió al paso de las versiones difundidas tras el ataque armado ocurrido el pasado domingo 12 de octubre en el cruce Pidima, comuna de Ercilla, donde encapuchados fuertemente armados abrieron fuego contra automovilistas que transitaban por la Ruta 5 Sur, dejando dos personas heridas, cuatro vehículos baleados y uno incendiado.
En el lugar del atentado, la Resistencia Mapuche Malleco (RMM) dejó un lienzo atribuyéndose la autoría del hecho, en el que exigía la “anulación y juicio justo” para Dago Queipul, José Arzóla, Alejandro Liguén y Joaquín Millanao, a quienes calificó como “presos políticos”.
Sin embargo, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, aclaró en conversación con Radio Cooperativa que ninguno de ellos está vinculado a causas de reivindicación territorial ni política, sino a delitos del ámbito común.
“Efectivamente en el lienzo se pide la anulación del juicio y básicamente la libertad de varias personas, entre ellas Alejandro Liguén, que está condenado a 27 años de cárcel por matar a un funcionario de la Policía de Investigaciones y también por un homicidio frustrado a otro funcionario en el contexto de un operativo que pretendía desbaratar varias plantaciones de marihuana”, explicó Garrido.
El persecutor añadió que “otra de las personas respecto de quien se pide su libertad es Joaquín Millanao, condenado a 47 años por asaltar, en la ciudad de Victoria, un Grown Shop, además de cometer otros delitos en ese mismo contexto”.
Respecto a los otros dos aludidos, el fiscal sostuvo que “Dago Queipul y José Arzola están condenados por robos calificados, robaban vehículos motorizados de manera violenta, disparando sin justificación contra las víctimas, incluso en uno de los casos una persona resultó con la amputación de una extremidad”.
En esa línea, Garrido descartó enfáticamente que los casos por los que fueron condenados los cuatro comuneros estén vinculados “con la reivindicación de algún derecho ancestral o con alguna postura política. Me parece que es muy exagerado, por decir no directamente incorrecto, pensar de que estas cuatro personas en realidad participan de formas de protesta violenta o de reivindicación de una causa que pueda tener alguna justificación que es evidente de que sólo son una organización que persigue el lucro directo a través de acciones criminales y que se refugian en este tipo de organizaciones para cometer impunemente delitos o lograr y presionar modificaciones de las condenas que se le han impuesto”, concluyó.