- El exjefe comunal cumplirá su sentencia con libertad vigilada intensiva, tras ser hallado culpable de abusos sexuales reiterados contra cuatro funcionarias municipales en un período de ocho años. La Fiscalía valoró que los hechos fueran acreditados y que se evitara revictimizar a las afectadas.
El exalcalde de la comuna de Cunco, Alfonso Coke, fue condenado este jueves a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, como autor de delitos reiterados de abuso sexual cometidos entre los años 2013 y 2021 en contra de cuatro mujeres que se desempeñaban como funcionarias municipales durante su administración.
El fallo, conocido ante el Juzgado de Garantía de Temuco, contempla el cumplimiento de la pena bajo la modalidad de libertad vigilada intensiva, junto a varias penas accesorias: la inhabilitación perpetua para ejercer derechos políticos, la inhabilitación absoluta para ocupar cargos u oficios públicos durante la condena, y la prohibición de acercarse a las víctimas por un periodo de 10 años una vez cumplida la sentencia.
Además, se ordenó la toma de muestras biológicas del condenado para determinar su huella genética, la cual será incorporada al registro nacional de condenados.
La fiscal vocera del Ministerio Público, Daniel San Martín, explicó que el procedimiento abreviado fue previamente acordado con las víctimas: “Este fue un procedimiento al que se arribó con el consentimiento de las víctimas, quienes prefirieron evitar verse expuestas públicamente a declarar en juicio oral y así evitar su revictimización”, indicó.
San Martín agregó que el tribunal dio por probados los hechos denunciados, valorando la sentencia que, pese a no implicar cumplimiento en cárcel, reconoce la veracidad de las acusaciones.
Los abusos ocurrieron mientras Alfonso Coke se desempeñaba como máxima autoridad comunal en Cunco, periodo durante el cual —según constató la Fiscalía— aprovechó su cargo y jerarquía para ejercer conductas de connotación sexual en perjuicio de sus subordinadas.
El caso fue investigado por la Fiscalía Regional de La Araucanía y se enmarca en una política institucional de persecución penal a delitos sexuales con enfoque en derechos de las víctimas y medidas para evitar su exposición y revictimización.