- Los efectivos del Ejército fueron sentenciados presidio remitido por apremios ilegítimos durante el estallido social de 2019. El tribunal dictó que lo que les resta de sentencia será cumplida en libertad, mientras el Instituto Nacional de Derechos Humanos evalúa una apelación porque los condenados podrían seguir prestando servicios al Ejército durante el transcurso de la pena.
Hoy, el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco condenó a los ocho funcionarios militares identificados con las iniciales J.C.C.O., P.F.F.G., I.O.I.A., C.M.M.C., W.B.C., E.Q.B., D.G.P. y M.M.O., a una pena de 600 días de presidio menor en su grado mínimo, tras ser hallados culpables del delito de apremios ilegítimos. Los hechos ocurrieron el 22 de octubre de 2019, en el contexto del estallido social, cuando los uniformados simularon un fusilamiento contra dos personas en las cercanías del Cementerio General de Temuco.
La abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Pamela Nahuelcheo, no ocultó su sorpresa luego que el tribunal resolviera que “la pena accesoria de suspensión de cargos públicos por el tiempo que dure la condena se estimó, por el tribunal, que ésta solo deberá cumplirse en el caso de que exista un quebrantamiento de la “pena principal.
“Este último aspecto el que despierta especial preocupación del Instituto Nacional de Derechos Humanos como querellante en esta causa y, por lo tanto, evaluaremos la presentación de un recurso de apelación sólo respecto de este cumplimiento de la pena accesoria, pues tanto la ley como la jurisprudencia, son claras en relación a que ésta no puede suspenderse en virtud de la aplicación de una pena sustitutiva y también teniendo en consideración que este delito fue cometido por los imputados precisamente en el ejercicio de su función militar y que varios de ellos continúan ejerciendo dicha función hasta el día de hoy”, concluyó Nahuelcheo.
Los hechos
Según los antecedentes del INDH Araucanía, durante la noche del 22 de octubre de 2019 dos personas fueron detenidas por una patrulla del Ejército desplegada en virtud del estado de excepción. Las dos personas fueron obligadas a ofrecer disculpas a los vecinos mediante gritos. En seguida, recibieron golpes y les amarraron las manos para subirlas a un jeep en el que las llevaron hasta un muro del Cementerio General de Temuco.
Ahí, los obligaron a apoyar la frente en la pared con la instrucción de no volver la mirada hacia atrás. Los funcionarios del Ejército se colocaron a sus espaldas y les exigieron disculparse con el país por haber estado manifestándose. Luego los integrantes de la patrulla militar se formaron en posición de fusilamiento e hicieron el movimiento de cargas sus armas, sugiriendo que estaban prontos a disparar. Después, a las dos personas les ordenaron irse, bajo la amenaza de que si se volvían a mirar iban a dispararles.
Una vez desatadas, las personas volvieron a ser agredidas por la patrulla del Ejército. En ningún momento se dio cuenta de este operativo a las autoridades policiales.