- El ingeniero comercial de profesión fue cesado de su cargo en medio de una crisis institucional que involucra denuncias laborales y un sumario en contra de una funcionaria que previamente ganó demandas por vulneración de derechos.
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) informó la remoción de Alejandro Espíndola Ortega como director regional en La Araucanía, designando a Erick Arcos Jara como su subrogante. Este cambio se produce tras el grave incidente ocurrido el lunes en las oficinas del Sence en Temuco, donde una funcionaria intentó quitarse la vida tras ser notificada de un sumario administrativo.
La trabajadora había ganado demandas laborales contra el Sence, incluyendo fallos de la Corte de Apelaciones de Temuco y la Corte Suprema, que ordenaron su reincorporación luego de su desvinculación. Según su abogado, Eduardo Fernández, la situación actual está marcada por una persecución laboral.
“Ella fue desvinculada del Sence luego de realizar una denuncia contra un funcionario del Sence de La Araucanía. (…) Tuvimos que recurrir a los tribunales laborales para que el tribunal ordenara su reincorporación”, señaló Fernández, quien además aseguró que la funcionaria desarrolló una enfermedad profesional derivada de los conflictos laborales.
El abogado denunció que el nuevo sumario administrativo en contra de su clienta, basado en la Ley Karin, carece de fundamentos. “Las personas que acosaron a mi clienta no han sido objeto de sumario (…) en cambio, a mi representada se le imputa una denuncia por Ley Karin que no sabe quién lo hizo, pero ya se encuentra suspendida”, agregó Fernández, calificando la situación como una «evidente desigualdad en el trato».
Las palabras del exdirector regional
El martes, Alejandro Espíndola había abordado el caso en una conferencia de prensa, afirmando que la funcionaria es protagonista de dos procesos distintos. “Como toda persona, ella puso una tutela laboral y la ganó, que es una situación; y la siguiente situación, que sucede ahora, es que hay una denuncia por Ley Karin de dos funcionarias, y el fiscal pidió una medida de suspensión hasta que termine la investigación”, había explicado.
En la instancia, Espíndola había defendido la actuación del servicio: “Si uno siente sus derechos vulnerados puede ejercer acciones legales, pero también como servicio tenemos que resguardar la protección de las víctimas y realizar una investigación, y esa es la situación que acontece ahora”.
Por último, mientras la funcionaria permanece hospitalizada, su defensa evalúa nuevas acciones legales, incluidas posibles presentaciones ante la Contraloría General de la República. El caso sigue en desarrollo y plantea cuestionamientos sobre el manejo institucional de las denuncias laborales y la protección de la salud mental en el ámbito laboral – público.