- Los comuneros ocuparon ilegalmente las instalaciones estatales para presionar y que cumplieran con la solicitud de dos presos mapuche que enfrentan un juicio acusados del homicidio de un carabinero en Collipulli. Todos los detenidos quedaron libres.
El último lunes, un grupo de comuneros mapuche de comunidades de la provincia de Malleco se apoderaron de las oficinas de la Defensoría Penal Pública en Temuco, porque exigían “una respuesta de parte de Renato González (defensor regional de La Araucanía) a la petición de los hermanos Ancalaf de incorporar dos abogados nuevos al juicio que están iniciando. Mientras esto continúe en las condiciones que se van dando, este recinto público quedará tomado por estos pu lamgen de manera indefinida”, explicaron en redes sociales, medios partidarios a la causa mapuche.
El teniente coronel Miguel Ochoa, subprefecto de los Servicios Prefectura Cautín, señaló que «hubo un requerimiento por parte de la Defensoría Penal Pública, en donde indicaban que un número importante de comuneros mapuches habían irrumpido en las dependencias y obligado a los trabajadores salir. En razón de esto se constituyó personal, constató los hechos y es por eso que se debió proceder a un desalojo de las dependencias, lo que en definitiva arrojó a 17 detenidos, de los cuales nueve son mujeres y ocho son hombres. Estos antecedentes obviamente fueron entregados al Ministerio Público y hoy en día en materia de investigación».
Según Ochoa, el operativo dejó «tres carabineros lesionados, los cuales fueron trasladados hasta un centro asistencial para su atención médica», finalizó.
Entre los detenidos, habían dos mujeres en período de lactancia materna por lo cual fueron dejadas en libertad, siendo apercibidas con citación.
La fiscal Daniela San Martín explicó que las otras «15 personas detenidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco, se controló su detención, esta fue declarada ajustada a derecho y luego se procedió a la formalización de estas personas por distintos delitos, entre ellos el delito contemplado en el artículo 264, inciso segundo del Código Penal, que contempla la hipótesis de aquellos que causan tumultos en lugares donde funcionan reparticiones públicas impidiendo completamente el ejercicio de las funciones de estos lugares».
La persecutora detalló que «también fueron formalizados por delitos de daños calificados, por distintos enseres mobiliario de la Defensoría en daños avaluados sobre 3 millones de pesos, atentados contra la autoridad y también dos personas fueron formalizadas por maltrato de obra en contra de carabineros, lo cual se produjo durante el proceso de la detención de los imputados. La Fiscalía solicitó medidas cautelares de mayor intensidad, atendió la gravedad por los hechos que estaban siendo formalizadas las personas y también para garantizar que éstas pudieran concurrir a los actos del procedimiento, sin embargo el tribunal estimó que, eran proporcionales a los hechos, por los cuales se están formalizando, sólo la de arraigo nacional y se fijó un plazo de investigación de cuatro meses», concluyó.
El juicio por el crimen del sargento Benavides
El pasado miércoles 30 de octubre, comenzó en el Juzgado de Garantía de Collipulli, el juicio oral contra Matías Ancalaf Prado, Moroni, Ancalaf Prado y Rodrigo Calabrano Ñanco quienes son sindicados por la Fiscalía como autores del homicidio calificado del sargento Francisco Benavides el 24 de mayo de 2021, luego que un convoy de Carabineros que se trasladó para despejar el camino cortado por una protesta, fuera atacado a balazos en una emboscada en la ruta R-35 en cercanías del Parque Eólico Malleco de Collipulli.