- El ente contralor sometió a los gobiernos regionales de seis regiones a una serie de auditorías: en el caso de La Araucanía fue en el ocaso de la administración del exgobernador Luciano Rivas.
Múltiples irregularidades constató la Contraloría General de la República al auditar los gastos y transferencias otorgadas por los Gobiernos Regionales de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitano, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes, entre enero y septiembre de 2024.
Entre los objetivos específicos de las investigaciones, se analizaron las transferencias efectuadas por cada GORE al sector privado, detectando que no exista conflicto de intereses y que la finalidad del uso de estos recursos se ajuste a la norma y no tengan relación con actividades de campaña electoral ni con publicidad y/o difusión de estas.
También la entidad de control pretendía que cada Gobierno Regional haya destinado sus recursos (humanos, físicos y tecnológicos), sus vehículos, dependencias y respectivas corporaciones a la realización de labores relacionadas a sus funciones y no a actividades de carácter político o electoral.
Según la Contraloría General de la República, se “comprobó que el GORE de La Araucanía contrató directamente a la empresa Ananda Comunicaciones SpA., para los servicios de ‘Asesoría de Inteligencia e Investigación de la Opinión Pública Digital’, pagando un total de $49.980.000, de lo cual se advierte que dicho servicio incluía una evaluación ciudadana de la figura del Gobernador Regional”. El informe señala que “esta situación no se ajusta al principio de probidad, por lo que la CGR formulará el reparo por el total del dinero aludido”.
Además, el ente contralor concluyó que “el Gobierno Regional contrató, por medio de un trato directo injustificado, al proveedor Sociedad de Servicios de Transportes y Logística SpA., por un monto de $69.537.672 sin la debida justificación de dicho valor”.
Por último, la auditoría “comprobó que se autorizó bajo la modalidad de trato directo a la firma de abogados denominada Asesorías Silva y Compañía Limitada, por la suma total de 400 UF, para la defensa de intereses institucionales asociadas a transferencias del servicio a determinadas fundaciones, advirtiéndose que de cuatro informes que debía entregar dicha empresa como parte de sus obligaciones, a la fecha solo se ha pagado la primera cuota en razón a la entrega del primer informe, sin que se hayan establecido multas por atraso en los plazos establecidos”.