- Las comunidades presentaron un recurso de protección, acusando al Ministerio de Energía y a la Comisión Nacional de Energía de aprobar un proyecto de subestación eléctrica sin realizar la debida consulta indígena. Aseguran que la iniciativa afecta directamente sus territorios y su ecosistema.
Un nuevo conflicto socioambiental se levanta en la comuna de Freire, luego de que comunidades mapuche de Quepe-Pelal ingresaran un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Temuco para intentar frenar el avance del proyecto “Subestación Eléctrica Quepe 220/66 kV”, impulsado por la empresa Besalco S.A. y aprobado con resolución ambiental favorable.
La acción judicial va dirigida en contra del Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía de Chile, representadas legalmente por el ministro Diego Pardow, acusándolos de actuar “de manera ilegal y arbitraria”, al omitir el derecho a consulta previa, exigido por el Convenio 169 de la OIT, la ley indígena N°19.253, el Decreto N°66, el Acuerdo de Escazú y diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Las comunidades firmantes del recurso —Juan Bautista Manquilef Colicheo, Fermín Manquilef, Ricardo Rayin, Agustín Curin y la Asociación Indígena Territorial Quetroko Allipen— acusan que no fueron informadas ni consultadas respecto del proyecto, cuyos efectos, aseguran, tendrán un impacto directo en sus territorios ancestrales y medio ambiente.
“Este recurso de protección que venimos a interponer con las comunidades mapuches de Quepe busca frenar este proyecto de la empresa Besalco, que es una subestación eléctrica. Venimos a rechazar este proyecto, el cual no fue consultado con las comunidades y viene a significar un tremendo riesgo para nuestro ecosistema, para nuestra ñuke mapu”, expresó Diego Manquilef, vocero de las comunidades Quepe-Pelal.
La controversia se remonta al 19 de agosto de 2024, cuando el Ministerio dictó el Decreto Exento N°200, que autorizó derechos y condiciones de ejecución y explotación de las obras. Desde entonces —afirman los recurrentes— no se ha garantizado el principio de igualdad ante la ley, ni los derechos de participación de los pueblos indígenas.
El recurso busca suspender la ejecución del proyecto y establecer medidas cautelares que protejan los derechos de las comunidades directamente afectadas.