- La exconvencional, que en el pasado apoyó eliminar la Cámara Alta, generó una avalancha de críticas en X al prometer «fiscalizar» los servicios básicos para frenar la colusión en las cuentas de luz. La Constitución y el propio sitio web del Senado son claros: este órgano no tiene facultades fiscalizadoras directas sobre el Gobierno.
La candidata al Senado por La Araucanía, Elisa Loncon, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, esta vez por una declaración realizada en la red social X que, según sus críticos, deja en evidencia un profundo desconocimiento de las atribuciones del cargo al que postula.
En medio del reciente escándalo por el error de cálculo en las cuentas de electricidad —donde la Comisión Nacional de Energía (CNE) añadió dos veces el Índice de Precios al Consumidor (IPC)— provocando un sobrecobro en las cuentas de la luz, la académica intentó ofrecer una solución al problema, pero terminó generando una oleada de cuestionamientos.
«Fiscalizaré los servicios básicos»
A través de su cuenta de X, la exconvencional constituyente, quien paradójicamente durante la Convención Constitucional apoyó la idea de abolir el Senado, publicó: “Cuando sea senadora, fiscalizaré los servicios básicos para frenar la colusión y defender tu bolsillo. ¡Basta de impunidad! La colusión en las cuentas de luz es un robo. Exigiré investigación seria y que los responsables paguen como cualquier chileno. No más abusos de los poderosos”.
La promesa de «fiscalizar» desató rápidamente las críticas de usuarios. El motivo es simple: según la Constitución, el Senado no posee la facultad de fiscalización directa sobre los actos de Gobierno o de las entidades que dependen de él.
De hecho, la web oficial de la Cámara Alta es categórica al respecto, indicando que entre sus atribuciones exclusivas: “no fiscaliza los actos del Gobierno. El Senado, sus comisiones y demás órganos no podrán fiscalizar los actos del Gobierno ni de las entidades que de él dependan, ni adoptar acuerdos que impliquen fiscalización”. Esta función recae primariamente en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Además de la desafortunada promesa de fiscalización, otros usuarios se encargaron de corregir el concepto de «colusión» que utilizó Loncón. Las alzas recientes se debieron a un error de cálculo técnico por parte de la CNE, que luego el Ministerio de Energía fijó mediante decreto. La función de verificar que las tarifas se apliquen correctamente recae en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), no en una supuesta colusión entre empresas.